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Como es de sobra conocido, hoy en Europa hay convocada una jornada
de paros parciales y movilizaciones por parte de la Confederación Europea de
Sindicatos. Además, se va a dar también en la Unión la opción elegida por los
sindicatos mayoritarios de España y Portugal, la convocatoria de huelga general. La huelga es
un derecho democrático fundamental, legalmente avalado por nuestra Carta Magna
en su artículo 28.2, donde se recoge de la siguiente forma: “Se reconoce el
derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La
ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Es
interesante tener en cuenta la ley en todo momento, sobre todo porque mientras que
la opción de los trabajadores de acudir a la huelga es un derecho, también lo
es la libre elección de secundarla o no; teniendo obligación de prevalecer, en
todo momento, su derecho de libertad de elección. El problema surge cuando esto
no se cumple.
En primer lugar, es muy preocupante que en España, durante
los siete años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ningún sindicato
abriera la boca para quejarse del aumento descontrolado del número de parados; que ningún
agente sindical criticara las medidas tomadas por el gobierno para paliar la
lacra del desempleo y el drama de las familias. Y ahora, cuando peor está la
situación, cuando la herencia recibida se refleja en las terribles cifras de
paro y déficit que repercuten directamente en nuestra prima de riesgo, y en la
confianza que depositan los mercados internacionales para financiar a nuestro
país. Ahora, aparecen los sindicatos y se preocupan por hacer a marchas
forzadas, el trabajo que no hicieron en el momento oportuno, amén de echarle la
culpa a quien verdaderamente no la tiene, el actual gobierno de Mariano Rajoy. Quien
está haciendo lo indecible para mejorar las condiciones de los trabajadores,
con la publicación de la Reforma Laboral, así como luchando por acabar con el
drama de las familias que tienen todos sus miembros en paro y dificultades para
llegar a fin de mes; y mirando hacia el futuro para que este drama no afecte a las
generaciones venideras de nuestro país, nuestros jóvenes.
Y en segundo lugar, lo que es más alarmante, es que desde ciertos
sectores sindicales que apoyan la huelga de hoy, se defienda la obligación a
secundarla, no solo por medio de la entrada en escena de los mal llamados “piquetes
informativos”; que a día de hoy, en el siglo XXI, y con los avances
tecnológicos que existen en el ámbito de las comunicaciones y la información,
es inexplicable que sigan existiendo, más si cabe, después de los últimos
acontecimientos de las anteriores huelgas y movilizaciones sindicales, en las
que quedó demostrado que lo último que hacen es informar sobre las condiciones
de la huelga. Sino también, porque concretamente desde ciertas ONGs de
consumidores se está alentando a hacer una huelga total de consumo, esgrimiendo
para ello un decálogo de las acciones que debe llevar a cabo todo consumidor, y
que en este caso para ellos es no consumir, paralizando el comercio en su
totalidad.
Aquí viene lo más preocupante, y es que llevando a cabo esta
medida perjudican no solo a la confianza en nuestra economía, sino también y más
aún, lesionan la economía directa de las familias de trabajadores autónomos,
pequeños y medianos comerciantes, que no se pueden ni permitir cerrar ni un día de
huelga. No solo ya les cierran el negocio, sino que también les ahuyentan a los
clientes.
